El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Carlos Rojas,
afirmó ayer que la Junta de Andalucía tendrá que abonar un total de 286
.043.866,48 euros hasta 2017 en concepto de refinanciación de las pólizas de
las aseguradoras relacionadas con las prejubilaciones ligadas los Expedientes
de Regulación de Empleo (ERE) tramitados por la Administración regional. Rojas
explicó que de estos 286 millones , 252 millones son el montante pendiente de
refinanciar, mientras que los intereses ascienden a 33 millones, según los
datos extraídos de la documentación aportada por la Junta a la comisión de
investigación creada en el Parlamento andaluz sobre el caso de las
irregularidades en los ERE. Así, señala que se trata de un montante que la
Junta debe ir abonando a las aseguradoras que pagan a los prejubilados,
cuantías que «ahora no se están pagando por la morosidad de la Junta».
«Esta documentación pone a la Junta en el disparadero por su actitud de
falta de transparencia y mentiras sobre una trama fraudulenta que supone un
punto negro para la Administración regional y para todos los andaluces»,
subrayó Rojas, que exigió que se depuren «responsabilidades políticas» de todos
los que autorizaron y gestionaron estos ERE.
En este marco, subrayó que las empresas eran «siempre las mismas», por lo
que se preguntó qué proceso se seguía para elegir a las aseguradoras o si se
«elegían directamente a dedo», además de cuestionar por quién hacía esta
selección. «Hay sido un disparate comandado por el PSOE que ha supuesto un
escándalo sin precedentes del que tienen que verse las responsabilidades»,
sentenció.
hay se ve el trato de favor de los grupos politicos.
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